
¿Puede el Estado mantenerse al margen cuando se trata de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas?

En esta nota de opinión, Adriana Monteverde plantea por qué la igualdad, la prevención de las violencias y la defensa de la ESI necesitan un Estado presente y comprometido.
Los derechos no se declaman: se garantizan.
Los invitamos a leer y compartir.
El Estado debe garantizar derechos
La decisión del gobierno de Javier Milei de abstenerse en la votación de una resolución de las Naciones Unidas para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas merece nuestro más firme rechazo. La iniciativa obtuvo 175 votos favorables en la Tercera Comisión de la Asamblea General. El Gobierno argentino eligió no acompañarla.
Ante las manifestaciones de violencia y odio, necesitamos un Estado que asuma responsabilidades y sostenga políticas de prevención, protección y acompañamiento. Abstenerse de respaldar una iniciativa de esta naturaleza constituye una decisión política que debilita ese compromiso y da muestra del lugar que ocupan los derechos de las mujeres y las niñas en la agenda gubernamental.
Como trabajadoras de la educación y militantes sindicales, sabemos que estos derechos se construyen y se defienden todos los días. En las escuelas escuchamos, acompañamos y enseñamos a reconocer situaciones de violencia. Promovemos vínculos respetuosos, cuestionamos desigualdades y construimos espacios donde las chicas y los chicos puedan expresar lo que les pasa y pedir ayuda. Para sostener ese trabajo necesitamos formación, recursos, tiempos institucionales y equipos que acompañen nuestras intervenciones.
Por eso, defender la Educación Sexual Integral forma parte de esta lucha. La ESI permite trabajar el cuidado del cuerpo, la intimidad, el consentimiento y la igualdad. Su enseñanza requiere decisiones públicas que la sostengan y condiciones laborales que permitan garantizarla. La responsabilidad de prevenir las violencias es del Estado.
La abstención también debe leerse junto con otro antecedente como el del 25 de marzo, cuando Argentina votó en contra, junto con Estados Unidos e Israel, de la resolución que declaró la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Ambas posiciones expresan un rumbo que cuestionamos desde nuestro compromiso con los derechos humanos, la memoria y la lucha contra el racismo.
A pocos días del 25 de noviembre, esta decisión refuerza la necesidad de organizarnos y hacer oír nuestras voces. Prevenir y erradicar la violencia exige presupuesto, políticas sostenidas y una posición inequívoca de quienes gobiernan.
Desde AMSAFE y CTERA seguiremos defendiendo el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia. Exigimos al Gobierno nacional que rectifique su posición y asuma un compromiso efectivo con ese derecho.
Nuestra tarea sindical y pedagógica seguirá poniendo en el centro la igualdad, el cuidado y la dignidad de nuestras vidas.
18 de noviembre de 2026.
Por Adriana Monteverde
Delegada Seccional de AMSAFE San Lorenzo
Prosecretaria de Salud Laboral de CTERA
Secretaría de Prensa AMSAFE San Lorenzo


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