De esta manera, La Libertad Avanza (LLA), junto a sus aliados del PRO, la UCR y otros bloques, buscará retomar la agenda legislativa, luego de que la atención se centrara en la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la conformación de la comisión investigadora sobre el caso de la criptomoneda Libra.
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, la estrategia del oficialismo es lograr este martes lograr la firma del dictamen de mayoría para que la iniciativa pueda ser tratada antes de fin de mes.
Tras dos semanas de postergaciones, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, convocó nuevamente a una reunión para las 16, con el objetivo de consensuar un despacho que cuente con el mayor respaldo posible.
El proyecto debe tratarse en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto, presididas por Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
El oficialismo confía en sumar el apoyo de diputados del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, y sectores de Encuentro Federal y del Frente Renovador.
La iniciativa también cuenta con el respaldo de legisladores que responden al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
El año pasado, el proyecto fue debatido en siete reuniones, mientras que en 2024 ya se realizaron dos encuentros: el 12 y el 19 de marzo, antes del debate por el acuerdo con el FMI.
Fuentes legislativas indicaron que, aunque el Gobierno aspira a establecer la imputabilidad desde los 13 años, actualmente el consenso mayoritario se inclina por fijarla en 14, como lo propone, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
El texto oficial prevé que no se pueda imponer prisión perpetua a menores, y que la pena máxima sea de 20 años, incluso si la escala penal correspondiente a los delitos cometidos fuese más alta por la concurrencia de hechos independientes.
También se contemplan medidas de resocialización en el régimen penal juvenil, que incluirían programas educativos, de formación ciudadana, actividades deportivas y tratamientos médicos cuando sea necesario.
Otra propuesta clave es la creación de la figura del supervisor, quien acompañará al menor infractor en su proceso de rehabilitación e integración social.
Además, se establece la posibilidad de revisar la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, permitiendo que el resto pueda cumplirse bajo arresto domiciliario.
El proyecto también contempla otras modalidades de cumplimiento de la pena, como instituciones abiertas o centros especializados para menores.
Durante su presentación en el Congreso el pasado 15 de abril, Guillermo Francos pidió avanzar con la sanción del proyecto para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, aunque reconoció que hay consenso para establecerla en 14. En ese marco, sostuvo: «Quien comete un delito de adulto debe pagar una pena de adulto».
Fuente: Agencia de noticias DERF.ar
